Las casas de reinserción son centros donde las personas con problemas de consumo de drogas o antecedentes penales aprenden —o vuelven a aprender— las habilidades necesarias para reintegrarse en la sociedad y mejorar su capacidad para mantenerse y cuidarse. Además de ofrecer alojamiento, las casas de reinserción prestan servicios sociales, médicos, educativos, psiquiátricos y otros similares. Su denominación en inglés, «halfway houses», alude a su posición intermedia entre la vida completamente independiente y los centros de internamiento o penitenciarios, donde la conducta y las libertades de los residentes están muy restringidas. A continuación, analizamos algunos de los problemas del sistema de casas de reinserción y, más concretamente, los del estado de Florida.
El renovado interés de los responsables gubernamentales por reducir la población penitenciaria para recortar gastos, surgido a raíz de la Gran Recesión de 2008 y de los enormes déficits presupuestarios que provocó, ha vuelto a poner de relieve la importancia de las casas de reinserción. A medida que aumenta el número de personas que salen de prisión, también crece la necesidad de alojamiento tras su puesta en libertad, incluidos los centros de reinserción.
Definidas de manera simplista como un punto «intermedio» para los reclusos entre la cárcel y la libertad, las casas de reinserción vienen experimentando diversos problemas que indican que el sector necesita introducir mejoras estructurales. Si los estados mantienen esta tendencia a reducir su población penitenciaria y aumenta el número de reclusos federales liberados como consecuencia de las reformas de las penas [véase, por ejemplo, PLN, agosto de 2014, p.26], las casas de reinserción, también llamadas centros correccionales comunitarios (CCC) y centros residenciales de reinserción (RRC), tendrán que ampliar tanto su capacidad como la cantidad y la calidad de los servicios de transición que ofrecen.
Aunque algunas casas de reinserción están bien gestionadas y cuentan con profesionales cualificados, otras se gestionan más con fines lucrativos que con el interés de ayudar a las personas que han delinquido a reintegrarse con éxito en la sociedad. En casi todos los estados, así como en el sistema penitenciario federal, se han producido numerosos incidentes relacionados con residentes insuficientemente supervisados y con conductas indiferentes, o incluso delictivas, del personal.
Una casa de reinserción bien gestionada ofrece un entorno seguro y protegido a los reclusos próximos a quedar en libertad; algunos pueden haber pasado poco tiempo en prisión, mientras que otros pueden haber permanecido encarcelados durante años o incluso más de una década. El objetivo principal de una casa de reinserción, facilitar una transición gradual de regreso a la sociedad, constituye la primera línea de defensa frente a la reincidencia. Los residentes suelen tener pocos vínculos vigentes con la comunidad a la que regresan y, aunque los tengan, pueden no contar con familiares o amigos que les ayuden. Necesitan servicios de reinserción eficaces que incluyan ayuda para encontrar empleo y vivienda y, en la mayoría de los casos, también programas para los problemas de consumo de sustancias. Con demasiada frecuencia, los propietarios y gestores consideran las casas de reinserción poco más que una fuente de ingresos.
Por deficiente que sea una casa de reinserción a la hora de ofrecer servicios y programas eficaces, muchas veces es la única opción disponible. Para algunos reclusos de prisiones estatales que están a punto de quedar en libertad, pasar por una casa de reinserción es obligatorio; otros estados pueden no exigir ninguna estancia en un centro de reinserción. Según la organización no partidista Pew Charitable Trusts, en ocho estados se ofrece a los reclusos la posibilidad de cumplir íntegramente su condena sin participar en programas de reinserción que faciliten su regreso al entorno social. En esos estados, aproximadamente el 40 % de las personas condenadas quedan en libertad sin servicios de transición.
«Ahora, los responsables políticos de ambos partidos están empezando a darse cuenta de que, si se toman en serio la seguridad pública, deben contar con estrategias más eficaces», señaló Adam Gelb, director del Public Safety Performance Project de Pew.
Según un informe sobre reincidencia publicado en abril de 2014 por la Oficina de Estadísticas de Justicia, el 49,7 % de los reclusos vuelve a prisión en los tres años posteriores a su puesta en libertad y el 55,1 % lo hace en un plazo de cinco años. Resulta evidente que la mayoría de los centros penitenciarios estatales y federales no cumplen adecuadamente la función de «corregir» a los reclusos y prepararlos para su salida, lo que impone una carga aún mayor a las casas de reinserción a la hora de prestar servicios de reintegración social.
Para que se cumplan las expectativas de esta nueva oleada de reducciones de la población penitenciaria y reformas de las penas en todo el país, las casas de reinserción deben adaptarse a los nuevos retos y al aumento de sus responsabilidades. Estas reformas se considerarán carentes de sentido si un gran número de personas recién liberadas vuelven a delinquir y a ser encarceladas.
Pese a esta posible crisis, apenas hay indicios de que los responsables penitenciarios estatales o la Oficina Federal de Prisiones (BOP) estén revisando las deficiencias del sistema actual de casas de reinserción. Muchos centros de reinserción están mal gestionados y supervisados, con consumo de drogas, violencia y fugas que se ven agravados por la indiferencia generalizada y la conducta indebida de los empleados.
Además, los sistemas de casas de reinserción reflejan en ocasiones un sistema corrupto que adjudica contratos por favoritismo político o amiguismo, en lugar de hacerlo en función de la capacidad para reducir el riesgo de reincidencia; a veces, estos contratos se consideran una forma de que los responsables gubernamentales recompensen a sus partidarios políticos y a quienes contribuyen a sus campañas.
En muchos otros negocios o sectores, el nivel de fracaso y corrupción que se observa en algunas casas de reinserción provocaría despidos masivos y cambios en la dirección, pero, como ocurre en numerosos centros penitenciarios, la rendición de cuentas es escasa.
Algunas empresas y organizaciones que gestionan casas de reinserción intentan hacer todo lo posible por prestar los servicios que necesitan los reclusos próximos a quedar en libertad. Dismas Charities, por ejemplo, que gestiona centros de reinserción en todo el país, goza de buena reputación en el sector. Aunque Dismas también ha tenido problemas, parece preocuparse de verdad por la calidad de sus servicios de transición.
Según Dismas, «Nuestra trayectoria nos ha enseñado que, para ser eficaces en el proceso de reintegración, debemos centrarnos en tres ámbitos fundamentales que han demostrado ofrecer los mejores resultados: empleo, educación y apoyo. Cada programa aplica prácticas basadas en la evidencia y utiliza evaluaciones validadas de riesgos y necesidades para reducir la probabilidad de reincidencia». Además, «Un componente importante de todo nuestro trabajo consiste en centrarnos en ayudar a nuestros residentes a obtener un empleo significativo. A través del empleo, nuestros usuarios saldan sus deudas con la sociedad y se convierten en ciudadanos, padres, contribuyentes y miembros de la comunidad responsables e independientes».
Lamentablemente, pocas casas de reinserción se centran en los servicios y programas de reintegración social. Entre los estados que han afrontado numerosos problemas con estas casas se encuentran Nueva Jersey, Florida y Pensilvania. El uso de casas de reinserción contratadas por el sistema penitenciario federal tampoco ha estado exento de críticas.
«El sistema es un desastre», declaró Thaddeus B. Caldwell, investigador principal del sistema penitenciario estatal que lleva años siguiendo la pista a personas fugadas de casas de reinserción. «No importa cuántos se fugaran, cuántos fueran capturados o cuántos cometieran actos atroces mientras estaban prófugos, porque seguían enviando a más personas a las casas de reinserción y esto seguía ocurriendo una y otra vez».
El número de fugas de las casas de reinserción también sorprendió a quienes trabajaban en el sistema penitenciario. En septiembre de 2011 se registraron 46 fugas; en octubre, 39; en noviembre, 40; y en diciembre, 38. Tras introducir reformas, el gobernador Christie afirmó con orgullo que «solo» 181 residentes se habían fugado de las casas de reinserción durante los primeros cinco meses de 2012.
Cada año pasan por las casas de reinserción unos 10.000 reclusos y personas en libertad condicional del estado de Nueva Jersey. Los responsables de CEC han mencionado esa cifra para sostener que la tasa de fugas de sus centros es «extraordinariamente baja». Sin embargo, ese argumento pierde fuerza al comparar la tasa de fugas con la del sistema penitenciario estatal o al tener en cuenta que, en un momento dado, solo hay unas 3.500 personas condenadas en los centros de reinserción.
Los responsables de las casas de reinserción se quejan de que los residentes que regresan tarde de sus salidas autorizadas para trabajar o que se entregan tras varios días de ausencia no son peligrosos, pero a menudo se los considera fugados. También señalan que sus empleados no van armados ni tienen autoridad para impedir una fuga, y que dependen de la educación de los residentes como vía adecuada para evitar que se escapen.
Estos argumentos pueden ser válidos hasta cierto punto, pero ignoran que muchas fugas se han producido en casas de reinserción de régimen cerrado —aquellas que no disponen de un programa de salidas laborales— y que algunas personas fugadas son procesadas cuando se las captura. Por ejemplo, desde 2009, la tasa de procesamiento de los usuarios que se fugan en el condado de Essex ha sido de aproximadamente el 10 %.
En ocasiones, esta baja tasa de procesamiento refleja el escaso interés de los fiscales locales por perseguir una infracción relativamente menor que podría abordarse mediante el procedimiento disciplinario del sistema penitenciario. Pero, lamentablemente, las fuerzas del orden a menudo ni siquiera saben que un residente de una casa de reinserción se ha fugado hasta que comete otro delito, y a veces ni siquiera entonces.
Rafael Miranda se fugó de una casa de reinserción en diciembre de 2009 y permaneció prófugo durante cuatro meses, hasta que mató a un hombre de un disparo en Newark. En 2010, David Goodell fue encarcelado por agredir a su exnovia. Se fugó de Logan Hall, una de las casas de reinserción con mayor tasa de fugas, y asesinó a una mujer que había terminado su relación con él. Valeria Parziale huyó de una casa de reinserción de Trenton en 2009; nueve días después sacó un cuchillo y le cortó la oreja a un hombre en una tienda de bebidas alcohólicas. Fue acusada de agresión, pero no de fuga, porque los fiscales ni siquiera sabían que se había escapado.
Más recientemente, Jahmel Glanton, de 19 años, abandonó sin autorización el Robinson Center en diciembre de 2013, solo tres días después de su llegada; fue capturado tres semanas después, el 11 de enero de 2014, y acusado de posesión de cocaína crack y obstrucción de la aplicación de la ley.
Las casas de reinserción gestionadas por la organización sin ánimo de lucro Kintock Group han concentrado casi la mitad de las fugas registradas en Nueva Jersey en los últimos años. CEC ha utilizado ese dato para desviar las críticas sobre posibles deficiencias en la gestión de sus propias casas de reinserción, pero Kintock Group señaló que todos los reclusos enviados a sus centros deben pasar primero por el Robinson Assessment and Treatment Center, gestionado por CEC, para someterse a una evaluación. Solo quienes CEC considera de bajo riesgo son trasladados después a las casas de reinserción de Kintock.
Entre 2009 y 2011, el 16 % de las personas fugadas escaparon de centros gestionados por CEC, pero otro 43 % había sido evaluado inicialmente por CEC como de bajo riesgo antes de fugarse de otras casas de reinserción. Por tanto, parece que una evaluación inadecuada por parte de CEC también contribuye, al menos, a algunas de las fugas.
Otra explicación es el aumento del porcentaje de reclusos condenados por delitos violentos que han sido enviados a casas de reinserción. Esta cifra pasó del 12 % en 2006 al 21 % en 2012 y entró en conflicto con la ampliación del uso de estas casas impulsada por el ahorro presupuestario. Alojar a un recluso en una prisión estatal cuesta entre 125 y 150 dólares al día, mientras que alojar a esa misma persona en una casa de reinserción cuesta solo entre 60 y 75 dólares.
Algunos antiguos residentes y empleados han ofrecido otra explicación para el elevado número de fugas: afirman que los centros de reinserción suelen ser violentos, peligrosos y estar dominados por pandillas, con abundancia de drogas y otros artículos de contrabando, y que los residentes no están suficientemente vigilados.
«Este sector me indigna», declaró Nancy Wolff, directora del Center for Behavioral Health Services and Criminal Justice Research de la Universidad Rutgers. «Si lo que quieres es ir allí y participar en grupos dirigidos por compañeros, o pasar el rato, fumar, jugar a las cartas y tener acceso a drogas, es un lugar estupendo».
Vanessa Falcone, de 32 años, afirmó que las casas de reinserción tienen un lado mucho más oscuro. En 2009, Falcone estaba asignada a un equipo de limpieza del Robinson Center cuando un empleado le ordenó entrar en un cuarto de almacenamiento y la obligó a practicarle sexo oral.
«Se quitó los pantalones, me agarró del pelo y me empujó hacia abajo», relató. «Aquello dio comienzo a unas semanas que fueron, básicamente, un infierno». Después de que otro empleado descubriera lo que estaba ocurriendo, Falcone fue trasladada a otro centro y el empleado fue despedido, pero no procesado.
En un incidente similar, una mujer que se había fugado del Robinson Center declaró a la policía, tras ser capturada, que intentaba escapar de un orientador, Joseph A. Chase, que la había violado repetidamente. Cuando la policía registró el coche de Chase, encontró drogas; fue detenido y acusado de agresión sexual y posesión de drogas. Los responsables de CEC afirmaron que se trataba de un incidente aislado.
Según un reportaje de 2012 del periódico de Florida Tampa Bay Times, parece que las casas de reinserción de ese estado también presentan numerosos problemas, entre ellos la falta de comprobaciones adecuadas sobre quienes gestionan estos centros. Uno de esos gestores, Troy Anthony Charles, tenía un extenso historial delictivo antes de entrar en el negocio de las casas de reinserción. Afirmaba que su objetivo era ofrecer a las personas con adicción a las drogas o al alcohol un entorno seguro y libre de consumo donde alojarse, al tiempo que las ayudaba a encontrar trabajo y recibir orientación.
Sin embargo, un antiguo residente, John Lees, declaró que el programa era «una estafa» y que Charles «utilizaba el dinero de la financiación para comprar drogas», según un informe de la policía de St. Petersburg de febrero de 2012. Poco después, Charles disparó a uno de los residentes de su casa de reinserción, lo mató y volvió a prisión para enfrentarse a cargos de asesinato. El incidente reveló que prácticamente cualquiera podía abrir una casa de reinserción en Florida, ya que apenas existía regulación; la enorme cantidad de personas que salen cada día de prisiones y cárceles crea una gran oportunidad de negocio para gestores sin escrúpulos.
El alojamiento de transición promete comidas, una cama, ayuda para encontrar empleo y la posibilidad de recibir tratamiento por problemas de consumo de sustancias. Según el Tampa Bay Times, muchas casas de reinserción «son centros grandes, gestionados de forma profesional, que normalmente cumplen lo que prometen. Pero muchas otras son poco más que pensiones de mala muerte que hacinan a dos o tres residentes por habitación en alojamientos sórdidos, sin ayuda para encontrar trabajo, sin empleados formados y sin apoyo».
Muchas de estas últimas están gestionadas por personas «con graves antecedentes penales, incluidos robos, agresiones sexuales y tráfico de drogas. A uno de los gestores se le prohibió permanentemente participar en un programa federal de vivienda por facturación indebida; aun así, pudo abrir una nueva casa de reinserción que está recibiendo miles de dólares de ese mismo programa», informó el Times. El consumo problemático de drogas está muy extendido, con residentes trasladados al hospital y algunos que incluso mueren por sobredosis.
Sorprendentemente, las autoridades estatales no exigen que las casas de reinserción tengan licencia, lo que hace imposible llevar un registro de estos incidentes. De hecho, sin licencias no hay forma de saber cuántas casas de reinserción funcionan realmente en Florida.
«Nos han informado de que en cualquier momento hay varios miles de estas casas en todo el estado», dijo Darran Duchene, que supervisaba las casas de reinserción financiadas con fondos federales cuando trabajaba para el Departamento de Niños y Familias de Florida (DCF). «Deberían regularse tanto desde el punto de vista empresarial como desde el de los servicios sociales».
Muchas casas de reinserción son viviendas de aspecto corriente en tranquilas calles residenciales. Según el Times, «Hay programas de casas de reinserción en complejos de apartamentos, antiguos moteles y edificios que antes se utilizaban como residencias asistidas para personas mayores. Pocos tienen un letrero en la entrada».
«[Halfway houses] siguen apareciendo», declaró Ramona Schaefer, supervisora de la oficina del sheriff del condado de Pinellas que ayuda a encontrar alojamiento para las personas que salen de prisión. «Lo que me preocupa es cuáles son sus intenciones. Hay muchas personas que realmente quieren ayudar. Pero también hay otras cuyas intenciones no son muy limpias».
La cantidad de dinero disponible para el alojamiento de transición ha alimentado los problemas de las casas de reinserción en Florida, al igual que el aumento de las adicciones causadas por el uso indebido de medicamentos con receta. Los inversores inmobiliarios perjudicados por el desplome del mercado de la vivienda descubrieron que podían obtener mayores beneficios gestionando estos centros: con dos personas por habitación, una casa de tres dormitorios podía generar hasta 3.000 dólares mensuales de ingresos, todos ellos pagados por el Gobierno.
A partir de 2003, un programa federal bienintencionado llamado Access to Recovery (ATR) invirtió 150 millones de dólares en tratamiento para personas en recuperación de una adicción. Esto contribuyó a impulsar la tendencia. Como señaló el Times, «30 millones de dólares en fondos federales han llegado a Hillsborough, Pinellas, Pasco y varios otros condados de Florida, gran parte de ellos destinados al alojamiento de transición. Al principio, casi 300 casas de reinserción reunían los requisitos para recibir ese dinero».
William Garrison, que había consumido drogas en el pasado, abrió New Birth Abundant Life Ministry y obtuvo más de 300.000 dólares en fondos de ATR antes de ser excluido del programa. Según los residentes, Garrison les hacía pagar 50 dólares semanales por la comida, aunque recibía financiación federal para las comidas. También denunciaron que Garrison los insultaba y los tocaba sin su consentimiento con «marcadas connotaciones sexuales», según recogió un informe estatal.
The House of Hope, en St. Petersburg, otro programa que reunía los requisitos para recibir fondos de ATR, estaba dirigido por Patrick Jay Banks, un exrecluso que había cumplido ocho años de prisión en Texas por falsificación y robo. Al investigarlo, se determinó que Banks estaba implicado en el «caso más flagrante de fraude, despilfarro y abuso» entre las casas de reinserción de Florida: presentaba facturas por residentes incluso antes de que llegaran a las casas que gestionaba. Obtuvo más de 110.000 dólares antes de ser expulsado del programa federal ATR.
Sin embargo, Banks declaró al Times que había abierto un nuevo centro de reinserción, Agape House, que había recibido 55.000 dólares en fondos federales. No obstante, el nombre de Banks no figuraba en la solicitud de Agape para participar en ATR.
El DCF, que supervisa el programa federal ATR, afirmó que desconocía la participación de Banks en Agape House y que iba a investigarla. Para acceder a financiación federal, los propietarios y empleados de las casas de reinserción deben someterse a comprobaciones de antecedentes penales y las casas deben cumplir determinadas normas. La mayoría de los centros de reinserción de Florida no reciben fondos federales, por lo que su regulación es escasa.
Emily Rifkin fue una de al menos tres personas que murieron por sobredosis en casas de reinserción de Tampa Bay. En noviembre de 2010, Rifkin, de 25 años, luchaba contra una adicción que la había llevado a pasar ocho meses en prisión. Un juez le permitió ir a una casa de reinserción mientras esperaba una plaza en un programa de tratamiento residencial.
Se determinó que Rifkin había incumplido las normas del primer centro, por lo que fue trasladada a una casa de Okaloosa Street, donde supuestamente tendría mayor supervisión. Pero un informe policial citado por el Times señalaba que «el día de su muerte se ignoraron señales evidentes de que algo iba mal». Una compañera de habitación pensó que Rifkin parecía algo fuera de sí, pero no hizo nada para ayudarla. Seis horas después, la encargada de la casa, que también tenía una adicción, vio a Rifkin sentada en el suelo del baño, pero no intervino. No fue hasta que Rifkin dejó de respirar más tarde cuando una compañera llamó al 911, pero para entonces ya era demasiado tarde. Rifkin había muerto por una sobredosis accidental de oxicodona.
Shelton Jones, propietario de la casa, la había convertido en un centro de reinserción con la ayuda de Linda Walker, responsable de la organización sin ánimo de lucro Hillsborough House of Hope, un programa de transición para mujeres. Walker también dirige un negocio lucrativo que ayuda a otras personas a crear casas de reinserción. Walker y Jones afirmaron que no eran responsables de la muerte de Rifkin. «Me entristece que haya muerto», declaró Walker, «pero muchas personas mueren durante la recuperación».
En la casa de Okaloosa Street no había empleados formados ni se realizaban pruebas periódicas de detección de drogas y alcohol. Un año antes de la muerte de Rifkin, dos residentes varones habían muerto por sobredosis de metadona en otra casa de reinserción no regulada.
Tras un intento de suicidio y una breve estancia en un centro privado de salud mental, Leisha Simpson necesitaba un entorno seguro. Decidió acudir a Still Standing, en St. Petersburg, porque la página web del programa afirmaba que ofrecía un «refugio seguro» con orientación y reuniones de 12 pasos.
En lugar de lo que esperaba, Simpson pagó 500 dólares al mes por una cama en una casa infestada de cucarachas, junto a unas cuatro mujeres más, una de las cuales consumía drogas allí y mantenía relaciones sexuales con hombres en el dormitorio compartido. Presentó denuncias policiales después de que le robaran las tarjetas de crédito, el televisor y los medicamentos. Otra residente también la agredió.
El reverendo Edward Leftwich, fundador de Still Standing, afirmó que no podía mantener un programa de alojamiento libre de consumo debido a su avanzada edad y a que los fondos federales comenzaron a agotarse. Reconoció que no debería haber mantenido su página web accesible al público con información inexacta.
Otra gestora de casas de reinserción, Pamela Dixon, visitó centros de desintoxicación y organismos públicos de Pinellas para promocionar su programa, llamado «A New Direction for Women and Men». El defensor público Bob Dillinger empezó a derivar a personas con problemas de alcohol al centro de Dixon, sin saber que se exigía a los residentes que obtuvieran sus medicamentos recetados en una farmacia que también vendía vino y cerveza. El mismo grupo con sede en Tampa era propietario de la farmacia y de la casa New Direction.
«Me parece cuestionable», dijo Dillinger cuando se le informó de esa relación. Afirmó que Dixon había aceptado dejar de trabajar con la farmacia.
Las autoridades de Florida han constatado que resulta difícil supervisar las miles de casas de reinserción del estado con la legislación vigente y una normativa laxa. «Regulamos miles de centros de cuidado infantil en todo el estado sin problemas», señaló Erin Gillespie, portavoz del DCF. «Sin duda, estaríamos en condiciones de asumir la tarea si cambiara la ley».
Sin embargo, ha habido poca voluntad política para supervisar las casas de reinserción y garantizar que presten los programas y servicios que prometen. Un proyecto de ley presentado por el senador estatal de Florida Jeff Clemens para regular las casas de reinserción y las viviendas libres de consumo, el SB 582, quedó bloqueado en comisión en abril de 2014; otro proyecto similar presentado el año anterior tampoco había sido aprobado.
Por ello, a personas como Troy Anthony Charles, condenado por un delito grave, les resulta fácil entrar en el negocio de las casas de reinserción. Charles se trasladó a Florida después de cumplir tres años de prisión por agresión agravada en Arizona y allí creó Back to Life Outreach Recovery Services. Alquiló una casa, puso literas en el salón y cobraba 125 dólares a la semana.
Un residente llamado John Lees había cumplido una pena de cárcel por delitos relacionados con drogas. «Al principio me lo presentaron como un lugar donde podía quedarme si necesitaba alojamiento para recuperarme de la adicción», declaró. «Después intentó que le vendiera drogas». Lees también afirmó que Charles consumía cocaína de forma abusiva y hablaba de hacer que las chicas consumieran drogas para poder convertirlas en prostitutas.
Lees se marchó, pero regresó más tarde para recoger algunas pertenencias. Charles acusó a Lees y a un residente de la casa, Samuel Harper, de robo con allanamiento. Los fiscales rechazaron presentar cargos contra ellos y, durante un enfrentamiento posterior en abril de 2012, Charles disparó a Harper en la cabeza y lo mató. Charles, de quien se sabía que estaba interesado en la novia de Harper, lo que podría haber contribuido al tiroteo, fue declarado culpable de asesinato en primer grado en julio de 2014. Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.
Recursos
- Cochrane Drugs and Alcohol Group. (2020). *Tratamiento de sustitución con opioides para la dependencia de opioides*. Cochrane Library.
- Agency for Healthcare Research and Quality. (2022). *Modelos asistenciales de tratamiento con apoyo farmacológico para el trastorno por consumo de opioides en atención primaria*. U.S. Department of Health and Human Services.
- The Pew Charitable Trusts. (2012). *Tiempo cumplido: el elevado coste y el escaso rendimiento de las penas de prisión más largas*. El autor.
- National Institute on Drug Abuse. (2024). *Tratamiento y recuperación*. National Institutes of Health.
- Substance Abuse and Mental Health Services Administration. (2023). *Recuperación y apoyo a la recuperación*. U.S. Department of Health and Human Services.
- Substance Abuse and Mental Health Services Administration. (2024). *FindTreatment.gov*. U.S. Department of Health and Human Services.
- Centers for Disease Control and Prevention. (2024). *Encarcelamiento y salud: una perspectiva de salud pública*. El autor.
